«¿Puede el crecimiento económico reducir la pobreza por sí solo? A través del triángulo de Bourguignon y la curva del elefante, analizamos por qué la equidad distributiva y el capital humano son imprescindibles para evitar retrocesos ante crisis externas.»

El crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad son tres de los temas más comentados en la opinión pública y centrales en la formulación de políticas públicas. Lejos de operar de forma aislada, interactúan de manera estrecha. Una de las aproximaciones más influyentes para entender esta dinámica es el triángulo pobreza-crecimiento-desigualdad, formulado por el economista François Bourguignon. En este marco analítico se plantea la existencia de una relación aritmética entre la pobreza absoluta —la proporción de la población por debajo de la línea de subsistencia—, el ritmo del crecimiento económico y el nivel de desigualdad.

Detallando esta relación, la disminución de los niveles de pobreza se debe, principalmente, a dos efectos: un componente de crecimiento que produce el desplazamiento hacia la derecha de la distribución de los ingresos, y un componente de distribución que reduce la dispersión y, por tanto, hace que parte de las personas superen la línea de pobreza (figura 2). La efectividad de estas fuerzas depende de la estructura inicial de cada economía. En un país de ingresos bajos, redistribuir recursos equivale a repartir escasez; por ello, el crecimiento económico es la palanca imprescindible para elevar el nivel de vida. Por el contrario, en países de ingresos medios marcados por profundas brechas sociales, la economía ya produce suficiente riqueza, pero esta se concentra en la cima; allí, las mejoras distributivas tienen un impacto mucho más rápido y determinante para reducir la pobreza que el simple crecimiento agregado.

En cuanto a la relación entre crecimiento y desigualdad, ésta se hace aún más evidente al examinar los datos de largo plazo. En un influyente trabajo publicado en el AEA Papers and Proceedings, Facundo Alvaredo, Thomas Piketty y su equipo de investigación demostraron que en las economías que experimentaron un rápido despegue o implementaron reformas de apertura —como China, India, Rusia y Estados Unidos—, el 10% de mayores ingresos capturó una porción abrumadora de la riqueza generada, en marcado contraste con el estancamiento relativo del 50% de la población con menores recursos.

Esta relación se aprecia mejor en la «curva del elefante» (figura 3). Ésta peculiar gráfica, llamada así por la semejanza a al cuerpo de un elefante alzando la trompa, ilustra cómo los percentiles de menores ingresos a nivel global (el 10% más pobre) han tenido un acceso limitado al crecimiento de los ingresos en comparación con los percentiles siguientes, los cuales registraron un fuerte incremento debido al rápido despegue de economías emergentes como China e India. Posteriormente, la curva desciende, reflejando el estancamiento de la clase media y trabajadora, especialmente en Europa y Estados Unidos, para finalmente elevarse de forma abrupta en una gran «trompa» que representa la enorme prosperidad del 1% más rico de la población global, el cual llegó a capturar el 27% del crecimiento total acumulado entre 1980 y 2016.

La forma como interactúan los componentes de crecimiento y desigualdad es explicada por Bourguignon como una relación bidireccional. Convencionalmente, los efectos del crecimiento en la distribución se ilustran mediante la curva de Kuznets, la cual tiene forma de U invertida debido a que el crecimiento de los ingresos incrementa la desigualdad inicialmente, pero solo hasta cierto punto, a partir del cual comienza a disminuir. Sin embargo, aunque los estudios empíricos respaldaron esta hipótesis durante los años setenta, la evidencia posterior ha cuestionado que se trate de una regla universal. Existen diversos mecanismos que confluyen en esta relación, tales como las imperfecciones del mercado laboral, las diferencias de productividad, el comportamiento diferenciado en la acumulación individual y los cambios institucionales, entre otros.

Por otro lado, la dirección inversa, es decir, cómo afecta la desigualdad al crecimiento, se daría a través de dos mecanismos principales:

1. Imperfecciones en el mercado de crédito: ocurren especialmente cuando existen diferencias significativas en las tasas de interés según el segmento de ingresos al que se pertenece, siendo menores en los estratos altos y mucho mayores (o restrictivas) en los estratos bajos. En este contexto, la redistribución permite que los segmentos más pobres superen las barreras crediticias y emprendan proyectos rentables que, de no existir dicha redistribución, no habrían sido capaces de financiar.
2. Argumentos de economía política: El primero se da a través de la redistribución en contextos democráticos; debido a las presiones del electorado, se implementan políticas de distribución hacia los sectores de menores recursos, generándose una correlación positiva entre la desigualdad y la tasa impositiva promedio (lo cual puede desincentivar la inversión). El segundo argumento se centra en los conflictos sociales; una alta desigualdad suele generar mayor inestabilidad política y tensión social, lo que, por lo tanto, conduce a niveles subóptimos de inversión y menor crecimiento.

En cuanto a las políticas distributivas, la evidencia empírica obtenida a través de evaluaciones de impacto de los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) demuestra que, en países de ingresos medios, estas transferencias —sujetas a la asistencia de los hijos a la escuela y a centros de salud— tienen efectos altamente positivos. Esto se explica no solo por el alivio inmediato del ingreso familiar, sino por el fomento al desarrollo del capital humano a largo plazo. Un efecto similar se observa con los programas orientados a ampliar el acceso a prestaciones de salud.

En el caso particular de los países en desarrollo, la visión tradicional era que no se podía reducir la pobreza y mantener bajos niveles de desigualdad a la vez, y que, si se deseaba reducir la pobreza, el crecimiento económico era de alta prioridad (Ravallion, 2004). Sin embargo, la desigualdad inicial en muchos de estos países ha restringido la reducción de la pobreza, debido a distintos factores como fallas en el mercado laboral, restricciones para realizar reformas y políticas más distributivas cuando un subgrupo relativamente privilegiado las restringe, el acceso al crédito y una reducida clase media.

Por su parte, en el Perú se evidencia un crecimiento moderadamente «pro-pobre», es decir, un crecimiento que reduce la pobreza, en el sentido de que la expansión económica se ha dado de manera más acelerada en los percentiles de ingresos más bajos de los hogares. De acuerdo con el economista Javier Herrera, en el periodo 2004-2015 se registró un alto crecimiento económico impulsado por el boom de las materias primas; en ese mismo lapso se logró una reducción considerable de la pobreza en 37 puntos porcentuales, disminuyendo también su brecha y severidad. Aunque en los últimos años se evidencia un crecimiento débil y moderado, con una tasa de disminución de la pobreza decreciente, el efecto distribución cobró mayor importancia. En cuanto al éxito de las políticas de transferencias, estas han logrado reducir la pobreza, pero a una escala menor, siendo más importantes para los primeros deciles de ingresos. Todo esto ha estado acompañado también de políticas redistributivas indirectas, como la distribución del canon y las regalías mineras y petroleras.

Sin embargo, la vulnerabilidad de este modelo de reducción de pobreza —altamente dependiente del ciclo económico— quedó en evidencia con la irrupción de la pandemia de COVID-19, la cual golpeó al país tras el agotamiento del boom de materias primas y en medio de un periodo de estancamiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, durante el primer año de la crisis sanitaria se registró un aumento significativo de la pobreza monetaria, con un incremento de 9,9 puntos porcentuales respecto a 2019, alcanzando al 30,1 % de la población (y un aumento de 2,2 puntos en la pobreza extrema). Este retroceso, que devolvió al país a niveles cercanos a los del año 2010, marcó una abrupta interrupción en la tendencia descendente de la década anterior.

Otros indicadores reflejaron la misma gravedad: la brecha de pobreza aumentó en 7,8 puntos porcentuales y la severidad de esta se duplicó en el mismo periodo, afectando con especial dureza a las áreas rurales y a la población con acceso limitado a la educación. Aunque en 2021 se observó un rebote estadístico que redujo la pobreza monetaria al 25,9 % (INEI, 2022), la cifra se mantuvo 5,7 puntos porcentuales por encima de los niveles precrisis. En paralelo, la desigualdad económica, medida por el coeficiente de Gini con datos del Banco Mundial, experimentó un claro repunte en 2020, revirtiendo por completo la tendencia hacia la equidad lograda en los años previos.»

De lo expuesto queda claro que las políticas orientadas a resolver problemas como el bajo crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad deben tener en cuenta la estrecha interrelación existente entre estos fenómenos. No se puede mantener una meta única enfocada en la aceleración del crecimiento económico esperando que, por sí sola, reduzca de manera automática las brechas sociales. Como ha evidenciado la reciente crisis del COVID-19, la dependencia exclusiva de los ciclos de crecimiento deja a las economías —y a sus poblaciones más vulnerables— completamente desprotegidas ante shocks externos.

En este contexto, las transferencias monetarias y otros programas distributivos con efectividad comprobada han demostrado ser escudos económicos fundamentales, no solo como paliativos temporales, sino como mecanismos para evitar daños irreversibles en el capital humano. Para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible, el crecimiento debe ir acompañado de inversiones estructurales significativas en salud, educación, y ciencia y tecnología. El gran desafío para los gobiernos de la región consistirá, por lo tanto, en administrar los recursos con la eficiencia necesaria para financiar estas políticas distributivas, garantizando la protección social sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni incurrir en un excesivo incremento del déficit fiscal.