El Estado Moderno no solo busca mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino proporcionar evidencia clara del impacto y la efectividad de sus programas en beneficio de la sociedad.

Para adentrarnos en la noción del Estado Moderno, es esencial comenzar con una definición precisa de su esencia y significado. La palabra «Estado» se deriva del latín status, originado a su vez en el verbo stare (estar parado), evolucionando para referirse a una situación establecida o un orden institucional permanente, como se observa en el conocido término status quo (situación actual). Así, aunque tradicionalmente se asocie al Estado con una entidad estática y burocrática, su definición se extiende más allá, describiéndolo como una entidad política y jurídica organizada con la capacidad de imponer la autoridad legal internamente y afirmar su identidad frente a otras entidades externas. No obstante, es crucial reconocer que dentro de un Estado pueden coexistir diversas naciones, añadiendo complejidad a su estructura.

Aplicando este marco conceptual al caso del Estado peruano, este se configura como la entidad política y jurídica dentro de la República del Perú, con una estructura delineada por su Constitución Política. Dicha Constitución establece al Perú como una República democrática, social, independiente y soberana, organizada bajo el principio de separación de poderes y con un gobierno unitario, representativo y descentralizado.

Desde el año 2013, el Estado peruano ha iniciado un proceso de modernización en su gestión con la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2021. Si bien la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley nro. 27658, había oficializado el enfoque de gestión por resultados, con la política nacional se establecieron lineamientos a seguir por las entidades estatales y actores involucrados. Este modelo de administración de los recursos públicos se centra en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en un plan de gobierno para un período específico. Permite, además, gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones estatales en relación con las políticas públicas destinadas a atender las demandas de la sociedad.

En la actualidad, el Estado peruano continúa desarrollando la Gestión por Resultados como el núcleo de su administración de recursos públicos. De este modo, en agosto de 2022 se lanza la nueva Política Nacional de Modernización de Gestión Pública a 2030 poniendo énfasis en la gestión interna de las entidades, la orientación por resultados, la productividad y la continuidad de las políticas que demuestren efectos positivos. Este enfoque se concentra en la ejecución de acciones estratégicas definidas en el “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú al 2050” de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Un elemento esencial de la Gestión por Resultados es el Presupuesto por Resultados (PpR), definido como una estrategia que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles en beneficio de la población. Su implementación requiere la definición clara de resultados, la asignación de responsabilidades, procedimientos para generar información sobre el cumplimiento de metas, así como herramientas de gestión institucional y rendición de cuentas. En este sentido, los Estados modernos buscan una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, impulsando una tendencia hacia una administración del gasto centrada en Programas Presupuestales.

Para la aplicación efectiva de este enfoque, el Estado peruano emplea cuatro instrumentos clave: los Programas Presupuestales, los Incentivos a la Gestión, el Seguimiento y la Evaluación de las políticas públicas. Estos componentes deben estar respaldados por el uso de tecnologías avanzadas, una planificación estratégica concertada, la rendición periódica de cuentas y la transparencia, garantizando así canales efectivos para el control ciudadano sobre la acción gubernamental.

Aunque aún queda mucho por avanzar, entre 2013 y 2025 hemos observado un aumento significativo en la proporción del presupuesto público destinado a los Programas Presupuestales, pasando del 37.5 % al 49.0 %. En otras palabras, en un lapso de 13 años, esta participación registró un incremento de 11.5 puntos porcentuales. En contraparte, las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) mostraron una disminución de 10.7 puntos porcentuales durante el mismo período.

En síntesis, el Estado peruano moderno, a través de la Gestión por Resultados y el Presupuesto por Resultados, busca no solo mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino también proporcionar evidencia clara del impacto y la efectividad de sus programas en beneficio de la sociedad. Este compromiso con la modernización refleja una evolución hacia un gobierno más transparente, eficaz y, sobre todo, centrado en las necesidades de los ciudadanos.